La Fiscalía Europea zanja que el precio de las mascarillas del hermano de Ayuso «no fue desproporcionado»

La Fiscalía Europea ha archivado el caso de las mascarillas del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al concluir que no ha quedado acreditado que se pagara «un precio desproporcionado».

«Se ha sobreseído el procedimiento por no haberse acreditado que el precio pagado por las mascarillas fuera desproporcionado en relación con la calidad del material ofertado y entregado, ni que hubiera sufrido un incremento indebido por la intervención de personas ajenas a la empresa. Finalmente, se ha acreditado que el transporte lo pagó la empresa adjudicataria, y no la Comunidad de Madrid», reza el informe final de la Fiscalía Europea. De esta forma, el organismo comunitario concluye que en este proceso de compra, un total de 1,5 millones de euros de los que el hermano de la presidenta cobró 283.000 euros de comisión, no hay pruebas de sobreprecios.

Este archivo de la causa, con la que la izquierda ha tratado de desgastar al Gobierno regional desde hace más de un año -cuando estalló el caso que terminó con el ex presidente del PP Pablo Casado fuera de la política-, se suma al que ya ejecutaron tanto la Fiscalía anticorrupción, como la Cámara de cuentas, el Tribunal de contratación administrativa, la Intervención de la Comunidad de Madrid y la Comisión de control de las contrataciones.

En abril de 2020, la Comunidad de Madrid adjudicó por el procedimiento de urgencia 1,5 millones de euros a la empresa Priviet Sportive, propiedad de Daniel Alcázar, amigo de la infancia de la familia, para comprar mascarillas. La lucha interna de poder en el PP reveló que el hermano de la presidenta regional había intervenido en la operación y cobrado una comisión de la empresa por su papel en todo el proceso. La Comunidad de Madrid reconoció que Tomás Díaz Ayuso cobró, en total, 283.000 euros de esta empresa pero que sólo 67.000 eran imputables a esta operación.

En junio del año pasado, la Fiscalía Anticorrupción española decidió archivar el caso al entender, entre otras cosas, que no había quedado probado que Isabel Díaz Ayuso tuviera intervención en el proceso para beneficiar a su hermano. “No ha intervenido en el procedimiento” de contratación de la empresa que pagó una comisión a su propio hermano.

“No consta intervención directa ni indirecta de la Presidenta de la Comunidad de Madrid en este expediente como tampoco -ya se ha dicho- de la mediación en su nombre de D. Tomás Díaz Ayuso ante funcionario o autoridad alguna”, concluyó en el decreto de archivo el departamento que dirige Alejandro Luzón. Según Anticorrupción, Ayuso ni siquiera tenía obligación de abstenerse.